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Más allá de los repertorios de violencia, los procesos de memoria histórica con comunidades étnicas reconocen, reflexionan y narran las causas del conflicto y la victimización, haciendo referencia a agendas económicas, políticas y socioculturales impuestas en los territorios e implantadas desde afuera, que se contraponen a los planes de vida propios de las comunidades y afectan su pervivencia desencadenando hechos de violencia en su contra.
Estos proyectos divergentes a los intereses sociales, políticos, económicos y culturales de las comunidades, violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la territorialidad o autonomía territorial, promueven la intensidad del conflicto armado en los territorios y están relacionados con la imposición de modelos de desarrollo hegemónico que, históricamente, han vulnerado a los pueblos con violencias de larga duración y que tienen su origen en la implementación del proyecto colonial en América. Se trata de una acción política impuesta por instrumentos violentos o por mecanismos de poder o por relaciones económicas, históricas o religiosas, que un grupo en condición dominante ejerce sobre otro grupo, al que le impide crear y recrear, producir y reproducir de manera autónoma sus formas de organización social, política, económica y cultural.
Estos factores subyacentes al conflicto han producido daño en múltiples dimensiones de la vida de los pueblos y comunidades, en aspectos personales y colectivos, al territorio, a la integridad política y sociocultural. No solo se afecta a los individuos, sino también la autonomía política de los pueblos como su capacidad de creación y construcción de vida.
“No es una guerra que desplaza, amenaza, hiere o viola, es una guerra que interrumpe la vida en su conjunto, trastorna los elementos que se hacen necesarios para producirla y sostenerla”
Documento Daño cultural y su representación en el Museo de Memoria Histórica de Colombia (Margarita Sierra, 2017).
Aquí se presentan algunos factores subyacentes al conflicto que han causado afectaciones profundas en la vida de diversas comunidades y regiones del país. Se hace énfasis en las economías extractivas del caucho, la coca, la minería y el turismo, basadas en la apropiación y explotación de recursos naturales para su comercialización en el mercado mundial, en la alteración de las dinámicas locales de producción y comercialización, en el despojo y la afectación de territorios y modos de vida nativos.
“Por el negocio del caucho llega el hombre blanco a nuestros territorios”
Indígena pueblo Bora. Gente de centro – P++nemunaá
Los pueblos Muinane, Bora, Ocaina y Uitoto M+N+K+A fueron víctimas de un atroz sistema económico de explotación del caucho en la selva amazónica, finalizando el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Consistía en la extracción de gomas de árboles de hevea por medio de la mano de obra indígena, sujetada por caucheros mestizos en medio de “cacerías” de indios en sus propios territorios, de donde fueron desterrados para ser conducidos a otros lugares de la selva, de donde jamás regresarían.
La esclavización de los indígenas la iniciaron los colonos peruanos dando regalos a las comunidades de la selva para convencer luego a sus integrantes de trabajar extrayendo la goma del siringa. Esta práctica fue encubierta con el sistema de endeudamiento en el que los caucheros proporcionaban herramientas, anzuelos y otros artículos del mundo blanco a los indígenas (mercancía de blanco), generando una deuda que se debía pagar con trabajo, pero que no se saldaba nunca porque siempre se renovaba. Las penalidades y castigos impuestos a los pueblos amazónicos esclavizados, así como innumerables epidemias que les sobrevinieron, condujeron al exterminio físico y cultural de más de 100.000 indígenas entre 1900 y 1914.
Los indígenas fueron víctimas de la economía extractiva del caucho, basada en la esclavización y el terror, consistente en trabajos forzosos, mano de obra barata, engaños, maltratos, desapariciones, torturas, violaciones, castigos y, especialmente, el asesinato.
“En sí el negocio era sacar suficiente caucho para tener derecho para poder sobrevivir”
Indígena del pueblo Bora. Gente de centro – P++nemunaá
“El cuadro era un lugar de martirio donde dejaban un bloque de madera grande que alcanzaba una persona al pararlo y amarrarlo de los brazos y los pies de forma crucificada. Una persona se encargaba de cuidarlo con un fuete y cuando le ordenaba el jefe para fuetearlo, él los fueteaba por todas las extremidades. El fuete que tenía el cuidador era de madera, de forma alambrada y en la punta era una bola de alambre de púa”
Indígena del pueblo Bora. Gente de centro – P++nemunaá
“El fusilamiento de indígenas en muchas ocasiones se realizaron por pura y física diversión, practicando el tiro al blanco. En otras ocasiones, para crear temor entre las personas. El fusilamiento de nuestros antepasados se hizo estando indefensos y luego eran quemados”
Indígena del pueblo Muinane
“Las mujeres muinane eran tomadas sin importar la edad. Las violaban frente a sus esposos, padres y familiares. Luego de abusarlas sexualmente eran asesinadas por los jefes”
Indígena del pueblo Muinane
La masacre de la extracción del caucho seleccionó como objetivos mortales a los ancianos y sabedores, a las autoridades de los pueblos, para convertirse en una perversa agresión cultural que embestía de forma violenta a la identidad y la memoria.
Sobrevivientes Victoriosos. Amanecer de la palabra de los hijos e hijas del tabaco, la coca y la yuca dulce. Azicatch y CNMH (2017)
Todo este proceso de victimización y exterminio se cometió con el desconocimiento, el silencio y la ausencia estatal en los territorios de la Amazonía colombiana. Los actuales pueblos Bora, Okaina, Uitoto M+N+K+A, Muinane y Andoque son el resultado de nuevos procesos de reestructuración sociocultural.
La siembra de cultivos de uso ilícito en Colombia para el mercado internacional de drogas ha puesto en riesgo a diversas comunidades rurales desde la aparición de los primeros cultivos de marihuana a mediados del siglo XX. Los territorios utilizados para esta actividad empezaron a ser ocupados por grupos armados ilegales, que aún hoy ejercen control territorial en los corredores del narcotráfico, también corredores del conflicto y la violencia.
Después de la marihuana llegaron los cultivos de amapola y coca, esta última tuvo su auge en la década de los 80 con la siembra de extensos cultivos para la producción de pasta base de coca. Lo que inició como una apuesta productiva para muchas familias campesinas habitantes de regiones de frontera agrícola, se convirtió en el factor del recrudecimiento y degradación del conflicto en los territorios.
Este negocio de carácter extractivo, en tanto es una economía que está basada en la producción de la materia prima para su posterior transformación en droga o estupefaciente, ha vinculado en la cadena productiva de la droga a las comunidades rurales del país (campesinos, indígenas, negros, afrodescendientes, raizales) como cultivadores, recolectores o “raspachines”, transportadores, etcétera. También ha transformado la vida de los pueblos en los territorios, sometiendo a sus habitantes a la barbarie del negocio ilícito, que se sustenta en el control territorial por la vía armada, violentando la autonomía territorial de comunidades indígenas y afrodescendientes, victimizando con muerte y guerra a las comunidades y su entorno vital.
No obstante, en los procesos de memoria histórica de los pueblos indígenas se identifican agencias políticas de reclamo y ejercicio de la autonomía territorial y organizativa como estrategias de construcción de paz y recuperación del territorio, en defensa de la cultura propia y como alternativa frente al control territorial de los grupos armados.
Actualmente, el pueblo Kamënts̈á del Valle de Sibundoy, en el Putumayo, y la comunidad raizal de las islas de Providencia y Santa Catalina adelantan iniciativas de memoria histórica con el acompañamiento del CNMH, que identifican los cultivos de uso ilícito de coca y el narcotráfico como la principal causa de victimización:
Asesinato de mamos del Pueblo Arhuaco por el ejercicio de su autonomía territorial y erradicación de cultivos de uso ilícito:
Particularmente, el proceso de memoria del Pueblo Arhuaco rememora el asesinato del mamo y líder indígena Adalberto Villafañe, ocurrido en 1996 en la cuenca del río Don Diego, en Santa Marta, Magdalena. A mediados de los 90 la disputa por el control del territorio indígena del costado norte de la Sierra Nevada era latente entre las guerrillas de las Farc y el Eln, y los Chamizos, grupo ilegal comandado por Hernán Giraldo, quien controlaba el negocio en la zona desde la época de la bonanza marimbera. Este último, al ser un férreo opositor de la ampliación de resguardos, prohibió que en su área de influencia los campesinos vendieran al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— tierras que eventualmente se pudieran adjudicar a los indígenas. A pesar de esta difícil situación de orden público, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada consiguieron en 1994 la ampliación del resguardo hasta el mar en el sector de La Lengüeta, en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, entre las cuencas de los ríos Palomino y Don Diego. Este proceso de ampliación fue liderado por Adalberto Villafañe, quien continuó en la defensa del territorio promoviendo la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito en el resguardo.
El documental Butisinu: Memoria de un pueblo aborda dos estrategias o hitos de la resistencia territorial del pueblo arhuaco: la sustitución de cultivos de uso ilícito en los resguardos indígenas a mediados de los 90 en la cuenca del río Don Diego, y la estrategia de ampliación del cordón ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La minería ha afectado la vida de las poblaciones étnicas desde la colonia, debido a la insaciable búsqueda de metales preciosos por parte de los invasores europeos. Si bien la esclavización de los aborígenes americanos se prohibió en 1542, la minería fue motivo para la sujeción de mano de obra indígena, por medio del sistema de la mita. Poblaciones enteras fueron desplazadas por la fuerza a regiones mineras para desarrollar trabajos y habitar en ambientes que nunca habían soportado, por lo que aumentaron las tasas de mortalidad y enfermedad.
La violencia contra los pueblos originarios, so pretexto de la economía, ha existido a través del tiempo, es decir, en la larga duración y va más allá de las prácticas armadas; también está presente en las tecnologías y proyectos económicos, extractivos y de desarrollo, desde que ese ideal de vida llegó con los invasores en 1492. Los pueblos indígenas califican el genecidio que han sufrido como una tragedia de innegable dependencia con los proyectos extractivos y de desarrollo, acompañados invariablemente del despojo de la tierra.
Las prácticas violentas que se orientan a la apropiación de la naturaleza devienen en la desaparición de diversas posibilidades de relacionarse con ella. La vida indígena se constituye como una red vital en la que humanos, animales, vegetales, minerales y espíritus conviven, todos como seres vivos capaces de relacionarse entre sí, manifestándose de diversas maneras. Por eso, Abadio Green, líder gunadule, señala que en el pueblo U’wa, de la Sierra Nevada del Cocuy, el petróleo es la sangre de la madre tierra y el carbón su placenta. Mientras los mayores de su pueblo, Gunadule, explican que el oro y la plata son la columna vertebral de la tierra. De tal manera, lo que para la sociedad nacional son minerales que deben ser explotados, para los pueblos indígenas son sustancias que mantienen la vida de la madre y, por lo tanto, deben ser respetadas para preservar la vitalidad que posibilita la existencia de unos y otros.
En medio de esta interconexión e interdependencia, la tierra, como madre, sostiene las posibilidades de vida, conocimiento y ordenamiento o Derecho Mayor de sus hijos e hijas. Es por esto que con el despojo del territorio también se arrebata a los indígenas la posibilidad de autodeterminarse y definir sus formas de existencia y gobierno, así como su camino hacia el futuro. La economía basada en la explotación del ambiente desangra la tierra, arranca su piel, desmembra sus órganos: el agua y los minerales removidos de sus lechos subterráneos, los ríos desviados o contaminados. Lo mismo les ocurre a sus hijos e hijas en medio de este sistema: resultan muertos antes de tiempo, sus líderes, lideresas, médicos tradicionales y autoridades indígenas, víctimas de muertes selectivas, desapariciones, torturas y desmembramientos. Con su exterminio terminan también la lucha que guiaban, al menos de manera temporal, lo que repercute en la organización política y la integridad de los territorios y los seres que los conforman.
La minería, como se puede decir de otros megaproyectos, cuando no se impone a sangre y fuego, es presentada como la oportunidad de transformar las condiciones de vida de la región, mejorar el acceso a la salud, la educación y el mundo laboral. Sin embargo, lo que se encuentra es una red de corrupción y malos manejos que agudiza la desigualdad, la marginación y empobrecimiento de los pueblos indígenas.
El Cerrejón: la más importante explotación de carbón a cielo abierto en el mundo. Es un complejo de transporte y minería de carbón térmico, que afecta toda la cuenca del río Ranchería desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorios del departamento de La Guajira, donde habitan los pueblos Wayuu y Wiwa.
Según el Informe nacional de pueblos indígenas Tiempos de Vida y Muerte (2019) y Ruama Shama (2017), la operación minera:
La compleja realidad para muchas comunidades donde hay un cruce de conflictos sociales, territoriales y ambientales, en cuyo núcleo existe una puja entre diferentes modelos de desarrollo, son comunes, trágicamente, para nuestras comunidades ancestrales. Entre las afectaciones de la violencia y el terror, puede perderse de vista que detrás del conflicto armado existen intereses en disputa por los territorios que incluso existían antes de la guerra y que, por lo tanto, no se resuelven con la desmovilización de los grupos armados; hablamos de los conflictos de la paz.
En el proceso de memoria histórica adelantado en 2014 por miembros de comunidades negras de Barú, Ararca, Santa Ana y Pasacaballos, en Cartagena (Bolívar) fue posible evidenciar las afectaciones generadas por los factores subyacentes del conflicto armado en un territorio habitado históricamente por comunidades negras víctimas de discriminación, relacionadas además con otras formas de extracción como los megaproyectos turísticos sin conciencia ambiental, ni social. Este proceso mostró cómo se tramitan conflictos sociales con las capacidades de actores como los consejos comunitarios, gremios o industrias en un escenario sin guerra, revelando cuál ha sido el papel del Estado en la solución o agudización de los conflictos.
En uno de los conversatorios para visibilizar la situación de la isla de Barú, se señaló que, en el departamento de Bolívar, los conflictos que ha provocado la pérdida de territorios de las comunidades que los han habitado históricamente están relacionados con la imposibilidad de uso de caminos reales, prohibición de la pesca, cambios en el uso del suelo, deterioro de ecosistemas y del acceso al agua. Todo esto, atravesado por pugnas entre autoridades ambientales, consejos comunitarios y entes territoriales, teniendo como grave práctica, expulsiones a los habitantes de las islas Barú, Tierra Bomba y El Rosario, así como de la zona de La Boquilla, por parte de las autoridades locales, sometidas a presiones de las grandes empresas hoteleras.
Algunas de estas expulsiones se hicieron desconociendo contratos de compraventa realizados entre 1850 y 1900, en el marco de estrategias de las comunidades negras del Caribe para garantizar la tenencia colectiva de la tierra, como un paso más en las reivindicaciones de un movimiento social que logró la abolición de la esclavitud en 1851. El hecho de que todas las escrituras adoptaran una forma de propiedad en proindiviso evidencia que en el Caribe existen formas colectivas de tenencia de la tierra de comunidades negras, mucho antes de que fueran reconocidas por la Ley 70 de 1993.
El caso del Proyecto Playa Blanca-Barú, un megaproyecto turístico y hotelero, ha dejado ver cómo algunas entidades conciben la isla: mientras por un lado la Fiscalía o la Corte Constitucional han reconocido la propiedad de los isleños asumiendo posturas más garantistas de los derechos colectivos de los afrodescendientes sobre su territorio, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —Fonade—, el Distrito de Cartagena o Parques Nacionales han formulado políticas que desconocen la relación de los baruleros con el territorio terrestre y marítimo.
En la isla de Barú han operado múltiples formas engañosas para quitarle la tierra a la gente; sin embargo, todas tienen algo en común: han estado sustentadas en inversiones millonarias detrás de un modelo de desarrollo que niega a las comunidades y privilegia los megaproyectos. Cuando se empezó a descubrir el potencial económico y turístico de la isla, los inversionistas comenzaron a pasar por encima de los nativos. La estrategia es clara y perversa. Crear la idea de que son los baruleros quienes destruyen el medioambiente, sacar de allí a “esos negros” que no son capaces de valorar lo que tienen, y darle paso a la explotación turística de los grandes complejos hoteleros y los megaproyectos portuarios e industriales.
En Barú se evidencian conflictos sociales y ambientales sumados a discriminaciones históricas contra la población negra. La marginación, la inequidad y la desesperanza son apenas ilustraciones de los factores subyacentes al conflicto armado, que encuentran asidero en un modelo de desarrollo que se impone para privilegiar los intereses de los más poderosos. El tipo de “progreso” que rechazan los habitantes de la isla de Barú es aquel que tienen los nuevos colonizadores en la cabeza; una idea de progreso que no atiende sus necesidades y no respeta sus maneras de relacionarse con el territorio. Un progreso violento que los instrumentaliza y los cosifica, que ofrece estos espacios como lugares vírgenes, paraísos de vegetación, playas, mar y corales, como si ellos, desde siempre, no hubieran estado allí, con el sol sobre sus cabezas en el ajetreo cotidiano del trabajo de todos los días.
Ser indígena va mucho más allá del reconocimiento estatal o propio (identidad). Más bien depende de ciertas prácticas y relaciones sociales, además de una concepción, un pensamiento y un sentimiento con respecto al mundo, característicos de las poblaciones originarias del territorio que hoy conocemos como América. Desde la primera invasión europea o La Conquista, la violencia contra los pueblos indígenas se ha repetido una y otra vez, como resultado de la imposición, de manera estructural, de un proyecto hegemónico económico y político que ha tomado diferentes nombres: colonia, civilización, independencia, república, modernización, progreso y desarrollo. En algunos casos, quienes detentan el poder han violentado y controlado a sangre y fuego a las poblaciones originarias, dejando como resultado el genocidio de pueblos enteros. En otras ocasiones, la agresión ha recaído sobre la cultura, esa manera característica de vivir y sentir, manteniendo vivos los cuerpos indígenas que, víctimas del etnocidio, quedan esclavizados del consumo de bienes y del dinero.
Pero la vida indígena ha demostrado ser una lucha constante en contra de la fatalidad y de las múltiples expresiones de la conquista. A lo largo de la espiral de violencia, los pueblos indígenas han defendido sus formas de vida, su tierra, sus autoridades y su dignidad de múltiples formas. En el campo de las vías de hecho, han prosperado múltiples resistencias indígenas, incluso a pesar de que la confrontación con las fuerzas del poder ha sido asimétrica por la tecnología de guerra y por la cantidad de combatientes y de recursos empleados para reducir o desaparecer a los pueblos aborígenes. De hecho, algunas de las imposiciones de los conquistadores, como el ganado, las armas de fuego, la religión, y la escritura fueron potentes armas que los pueblos indios aprendieron muy tempranamente a voltear contra quienes las introdujeron para dominarlos. Que la conquista continúe, aún después de 500 años, pone en evidencia “que los indígenas nunca terminaron de ser dominados”, que su incansable resistencia sigue desestabilizando los intereses de los sectores hegemónicos y que su defensa de la tierra y la vida sigue arrancando porciones importantes de terreno de las manos destructoras del conquistador.
*Basado en el Tejido 1 del Informe nacional de pueblos indígenas Tiempos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia.
