Marcas de vida : Museo de Memoria de Colombia

Marcas de vida

  • Juan Carlos Sierra
  • Artes visuales
  • Fotografía
  • Obra
  • Contexto

Para la serie fotográfica Marcas de vida, Juan Carlos Sierra escogió a doce colombianos con cicatrices visibles del conflicto armado. A pesar de la discapacidad física y las dificultades implícitas en la pérdida de un brazo o de una pierna, los protagonistas de estas fotografías sonríen y continúan con sus quehaceres diarios: trabajan, alimentan a sus hijos o hacen deporte. A través de estos retratos, Sierra busca transmitir la fortaleza de personas como César, Liceth o Reinel, quienes antes de ser una estadística de la población que ha sufrido consecuencias directas de la guerra, son seres humanos que siguen adelante con sus vidas.

Marcas de vida es uno de los portafolios ganadores de la convocatoria de fotografía Infrarrojo: historias de luz que no se ven, organizada en el 2014 por el Centro Nacional de Memoria Histórica

Títulos y fechas de las fotografías:

Fransuá. Febrero 16 de 2013.
Obed Ayaso. Febrero 21 de 2013.
Liceth. Marzo 8 de 2013.
Nubia. Septiembre 16 de 2010.
Familia Ceballos. Marzo 20 de 2013.
César. Febrero 21 de 2013.
Ramiro. Marzo 21 de 2013.
Jorge. Febrero 20 de 2013.
José. Marzo 8 de 2013.
Humberto. Marzo 20 de 2013.
Reinel. Marzo 6 de 2013.
Benjamín. Marzo 22 de 2013.

El conflicto armado colombiano incrementa la posibilidad de adquirir una discapacidad para las personas que lo viven, por lo tanto, se define como un factor de riesgo de discapacidad para toda la población colombiana. Así mismo, cualquier persona con discapacidad que además sea víctima del conflicto (sin importar que situación se produjo primero)  se considera al menos en una doble condición de vulnerabilidad, haciendo necesaria la política pública de especial protección enfoque diferencial. Adicionalmente, según la ACR de 11,460 afectados por minas el 80% de estos quedan con alguna discapacidad lo que requiere una respuesta política y sobretodo eficaz a esta problemática.

Colombia parece haber avanzado en su política desde la Ley general de discapacidad de 1997 hasta la Ley estatutaria de 1618 de 2013 . Sin embargo, el vacío en la práctica es considerable. Los beneficios ofrecidos a desmovilizados en salud y educación han sido cuestionados por sus limitaciones prácticas. Las reclamaciones sobre el acceso a las bondades de la justicia persisten y existen varias historias como la de Tomas Velasquez, desmovilizado y discapacitado, que reflejan esta realidad.