Memorias de agua

  • María Paula Durán
  • Artes visuales
  • Obra
  • Contexto

Memorias de agua es una serie fotográfica que contrasta, mediante la luz y la oscuridad, la vida de los habitantes de Nueva Venecia, un corregimiento de palafitos del municipio de Sitionuevo, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Las historias de estas personas están atravesadas por un hecho que marcó a toda Nueva Venecia: la masacre de 39 personas a manos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC el 22 de noviembre de 2000.

María Paula Durán, autora del proyecto, buscó contrastes de luz y de sombra para hablar de la memoria de esta población, de la guerra y de la resiliencia. Para Durán, la memoria puede “iluminarse” y entenderse como algo en constante movimiento.  En sus palabras: “Las memorias de agua viven en el movimiento de ola del río y del mar. Viven entre canoas y se esconden en las arrugas de sol. Memorias de agua es volver habitar para crear nuevos recuerdos y que a pesar del dolor y la guerra, este pueblo “ilumine su memoria””.

 

Nueva Venecia es un corregimiento que flota en el agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena. Tiene casas de madera pintadas de colores y canoas amarradas al pie de las puertas. Allí viven unas dos mil personas, casi todos pescadores.

Aunque no les faltaban problemas, como tener que viajar horas para conseguir agua potable o niños enfermos por esa misma razón, su historia se partió en dos el 22 de noviembre del 2000, cuando más de 50 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron en la madrugada y masacraron a 39 personas. El terror hizo que se desplazaran  alrededor de mil personas. “Cada hora que transcurría”, dice Jesús Suárez en uno de sus textos, “se iba transformando en un pueblo fantasma”.

Ese día llegó la violencia en canoa, un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), explica que los impactos de la masacre no fueron solo las pérdidas humanas y materiales, sino que los oficios y la cultura de los que se desplazaron eran específicos de su contexto, y que pasar del agua a la tierra en un contexto urbano provocó un fuerte choque en términos culturales y sociales.

Las condición de marginalidad que enfrentaron a partir del desplazamiento forzado conllevó que la comunidad empezara a retornar, aun cuando no había garantías de seguridad por parte del Estado. Apenas cuatro años más tarde, después de idas y vueltas, instalaron una estación de policía. En 2011 una sentencia de Justicia y Paz ordenó al Estado conmemorar la masacre, pedir perdón público y que contara la verdad de lo sucedido.