Es una tortura no poder hablar

  • Barry Prophet
  • Luis Carlos Sotelo
  • Artes visuales
  • Obra
  • Contexto

Es una tortura no poder hablar es una instalación interactiva y sonora para escuchar y reflexionar entorno a los relatos de una familia colombiana exiliada en Canadá, tras ser amenazada por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Primero, un grupo de visitantes de máximo 12 personas conversan informalmente con algunos miembros de la familia. Luego son invitados a recorrer un espacio laberíntico, que evoca a un lugar en el que la familia tuvo que esconderse, y en el que se reproducen fragmentos de los relatos de la madre y de la hija mayor. Después de cada sesión, los visitantes participan en una sesión informativa en la que se les da retroalimentación a los artistas Luis Carlos Sotelo y Barry Prophet y en la que se puede dialogar sobre la experiencia que propone esta instalación. 

Según investigó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad, el patrón de ataque de las FARC estuvo dirigido hacia las élites regionales y locales y se materializó en prácticas de violencia como los secuestros, las extorsiones, los asaltos a las propiedades y el pillaje. En la segunda mitad de la década de 1990, las FARC hicieron una apuesta políticamente más arriesgada reteniendo a militares y a políticos para canjear por los guerrilleros presos.

La masificación del secuestro también sirvió para presionar la renuncia de las autoridades civiles y de los candidatos a cargos de elección popular como alcaldes y gobernadores. Las FARC convirtieron el secuestro en moneda de cambio para la negociación política. Más adelante, empezaron los secuestros masivos en las grandes ciudades y en aviones comerciales. También se produjeron secuestros  indiscriminados de ciudadanos en las carreteras del país por medio de una derivación arbitraria del delito denominada “pesca milagrosa”. Esta modalidad se perpetró mediante la instalación de retenes ilegales. Allí los guerrilleros detenían a las personas, y una vez corroboraban su situación económica o identificaban sus nombres en listas preelaboradas, las secuestraban.