Atrato

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El proyecto Sinfonía Trópico invitó al artista Fernando Arias a desarrollar una obra sobre el río Atrato, su geografía, su forma, su historia y los desafíos ambientales que enfrenta. El resultado del viaje de Arias es el audiovisual Atrato, presentado en tres pantallas y musicalizado en vivo por Robert Lippok.

Arias escribió sobre este proyecto: “El río Atrato recorre una de las selvas con mayor biodiversidad en el planeta. Hay mucho verde, hay mucho oro, pero también hay “mucho negro” y “mucho indio” que viven allí desde hace siglos. Es su territorio. Pero los grupos armados y las multinacionales están peleando el territorio. Hay desplazamiento y mucha violencia”

La región del río Atrato se encuentra ubicada en el departamento  del Chocó, en el occidente de Colombia. Es el río más caudaloso y el tercero más navegable del país, después del Magdalena y el Cauca.

Durante muchos años, esta región ha sufrido los enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, Fuerza Pública y recientemente, nuevas bandas criminales. La arremetida paramilitar en 1997 para dominar las zonas con presencia guerrillera produjo en el Chocó una de las peores olas de violencia de su historia. Ese mismo año se desplazaron 27.433 personas, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Su posición limítrofe con el océano Pacífico y el mar Caribe, además de la diversidad de ríos y caños que se adentran en la selva, hacen de la región un punto clave para las actividades ilegales como el tráfico de drogas y armas, así como las explotaciones ilegales de oro y madera.

Debido a su enorme riqueza y su posición estratégica, los grupos armados se han disputado el control del territorio. Esa confrontación se ve favorecida por las condiciones de marginalidad, atraso y olvido del Estado en las que se mantienen las comunidades ribereñas y selváticas que habitan esa región, principalmente pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

En 2017, una emblemática sentencia de tutela emitida por la Corte Constitucional reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.