Durante estos años la desaparición forzada pasó de ser un crimen marginal a una práctica regular. Según las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Observatorio de Memoria y Conflicto (con corte al 24/08/2021), de 1970 a 1977, se registran 107 víctimas, mientras que entre 1977 y 1981 figuran 384. Esta tendencia “se caracteriza por un contexto de guerra fría que recorría América Latina y que en Colombia” se asoció con “el Estatuto de Seguridad de [Julio César] Turbay”. Aunque en Colombia no tuvo “las dimensiones ni la generalización de lo ocurrido en el cono sur”, el aumento en las detenciones y el incremento en el número de denuncias sobre torturas fue vinculado con la desaparición forzada (Cf. CNMH, 2018, p.94).

Según las investigaciones adelantadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, durante este periodo se presentó un crecimiento importante del fenómeno de desaparición forzada: se registraron 7.470 víctimas, a la par con otro tipo de hechos victimizantes como las masacres y los asesinatos selectivos. Una combinación de estrategias contrainsurgentes y acciones de grupos guerrilleros, paramilitares y miembros de fuerzas del Estado.

Durante estos cuatro años tuvo una relativa contención del fenómeno de desaparición forzada respecto del periodo anterior. El Observatorio de Memoria y Conflicto reporta un ligero aumento en las cifras, con 7.571 víctimas. Los factores que llevan a esta situación son: “ a) la crisis del paramilitarismo en el Magdalena Medio y su recomposición desde Urabá, b) la derrota de los grandes carteles del narcotráfico, c) la Constitución Política de 1991 y la paz parcial con la insurgencia, d) el colapso del comunismo internacional, y e) el fracaso de los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala con las FARC y el ELN y el reacomodo de los actores armados para el relanzamiento de la guerra.” (CNMH, 2016, p. 124) Tiene lugar la promulgación de la Constitución de 1991, que en su artículo 12 establece que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

En el marco del conflicto armado interno, este momento es considerado como un periodo de explosión del fenómeno de la desaparición forzada: “Su propagación alcanza a 920 municipios del país y corresponde con la expansión territorial del paramilitarismo y su consolidación en algunas regiones, mientras el narcotráfico y la economía cocalera hacen lo propio” (CNMH, 2018, p.96) Es un periodo relevante en términos de reconocimiento del delito en la legislación colombiana. En el año 2000 se sanciona la ley 589, que reconoce la diferencia entre la desaparición forzada y el secuestro, principalmente por la relación que uno y otro tienen con el cuerpo de la víctima en lo que respecta a la negativa por parte de perpetradores a reconocer la privación de la libertad, dar información sobre su paradero y su posterior ocultamiento.

En este periodo el fenómeno decrece, aunque no cesa. Esto coincide con la desmovilización de las AUC, el surgimiento de grupos criminales conformados por algunos desmovilizados, el debilitamiento militar de las guerrillas y el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC(Cf. CNMH, 2018, p.96). Jurídicamente tiene lugar la expedición de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que establece en su artículo 23 el derecho a la verdad frente a lo sucedido en el marco del conflicto por parte de las víctimas de desaparición forzada y a su consecuente reparación económica y moral.

Esto es correlativo con la centralización de la información que ha permitido tener una mirada global sobre este delito, identificar a las víctimas directas y a sus familias, así como a las diferentes organizaciones que han contribuido al reconocimiento de los desaparecidos.