Tierra

La tierra es tanto superficie física y elemento natural como espacio vital y núcleo de relaciones e identidades

Autora: Pilar Riaño-Alcalá. Coautores: Cristina Lleras, Lorena Luengas, Luis Carlos Manjarrés y  Martha Nubia Bello.

Tierra y territorio

El territorio nuestro es centro y con la naturaleza tenemos que consultar.
Cacique Boa, Caquetá (En Vargas 2016, p. 90) 

El desarrollo y la re-creación de nuestra visión cultural requieren como espacio vital el territorio. No podremos SER, si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo a lo que pensamos y queremos como forma de vida. De ahí que nuestra visión de territorio sea la visión de hábitat, es decir, el espacio donde el hombre negro y la mujer negra desarrollan colectivamente su SER, en armonía con la naturaleza (Grueso y Escobar, 2008).
Definición Asamblea Nacional Proceso Comunidades Negras [PCN]. Noviembre de 1993.  

La tierra es tanto superficie física y elemento natural como espacio vital y núcleo de relaciones e identidades. Ella ha sido el escenario sobre el cual el conflicto armado colombiano se ha desplegado, objeto de múltiples formas de violencia, tanto en el campo como en la ciudad, y lugar de gestación de proyectos por la defensa de la vida y el territorio. El Museo de Memoria Histórica dirige su mirada a la tierra para interrogar: ¿qué le hace la guerra a la tierra?, ¿qué hace la tierra en la guerra?, ¿cómo cuenta la tierra la guerra?

Tierra y territorio están profundamente interrelacionados en el día a día de las personas y en las maneras como la guerra se desarrolla e impacta a las poblaciones. La tierra, como afirma Donny Meertens (2016), encarna tanto sustancia material como moral, puesto que es medio de supervivencia y anclaje de pertenencia. El territorio es el escenario geográfico, político y cultural donde grupos de personas forjan relaciones y aseguran su supervivencia económica, ambiental, social y cultural (Grueso y Escobar, 2008; Escobar, 2015). Si bien el territorio se delimita por unas fronteras tanto espaciales como imaginadas y unas redes de poder (Tapia, 2004), este es algo más que una base material para la reproducción humana o cuestión de control espacial: comprende también la densa red de relaciones que crea y produce el sentido de ser comunidad, así como mundos de vida y de biodiversidad (Rodríguez, 2010). Es decir, el territorio puede asociarse con el sustento material y el entramado relacional de la producción cultural de un cierto grupo, como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía (Decretos Ley 4633 y 4635), pero también con la creación de parte de diferentes grupos humanos o estados de fronteras geopolíticas o de propiedad (Ruiz Serna, 2017).

Para pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la tierra es lugar de origen, vida y sustento de la espiritualidad y sabiduría ancestral. La relación con la tierra tiene para cada uno de estos grupos una importancia vital como fuente de sustento y trabajo, como elemento que sitúa sus modos de ver el mundo y soporte de vida (Escobar, 2015; Vargas, 2016). La intricada relación entre tierra y agua moldea ideas y cosmovisiones sobre el territorio y mas especificamente los rios como base o referente transversal sobre los que se construye una noción de territorio (Escobar, 2015). El territorio representa un lugar con el que se unen íntimamente, en tanto es el espacio de producción de conocimiento y repositorio de este, así como un lugar de transmisión y anclaje de los lugares sagrados o históricos y de los seres vivientes que condensan sus visiones del mundo y los modos de conocerlo (Centro de Formación y Fortalecimiento Cultural WIWA, 2016; Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 2013).

Bien, con lo que dice allá el compañero, la pregunta, a nosotros si nos quedó algo de que, si hace falta un elemento, un componente más a esos tres que hay [refiriendose a los tres componentes de cuerpo, tierra, agua] […]. Si estamos diciendo que estamos tratando de que esa memoria sea una viva y estamos de acuerdo en que eso se hace a través del conocimiento de los mayores de los pueblos, y si cogemos otro componente del país como nación que por orígenes es indígena, todos los pueblos indígenas son muy espirituales, y el uso que se le da a la tierra, a todo el relacionamiento, tiene que ver con ese componente espiritual, incluso los compañeros afro tienen su espiritualidad en sus diferentes expresiones, pero somos espirituales […] lo que estamos diciendo es que también estamos planteando una alternativa de cómo volver e mirar ese tema de beneficiarnos de eso, para que esa madre tierra nos cuide a nosotros realmente con todo su esplendor. Y eso tiene que ver con la forma del relacionamiento que se tenga con eso, pero eso solo se hace a través de la espiritualidad y el reconocimiento de los mayores. (Intervención de participante indígena en consulta y presentación de los lineamientos conceptuales y guión del museo en Encuentro de Memoria Etnicos, La Chorrera, Amazonas, Octubre 2016)

Esta concepción del territorio como soporte fundamental de mundos de vida, como sustrato y agente de historia y como entorno colectivo asociado a unas fronteras, unas luchas por su reconocimiento y una identidad colectiva como pueblos indígenas o negros, ha sido recogida en los Decretos Ley de Victimas 4633 (para pueblos y comunidades indígenas) y 4635 (para comunidades afroclombianas, negras, raizales y palenqueras) de 2011, que trazan las medidas de reparación integral y restitución de derechos para estos pueblos.  Estos decretos reconocen “los regímenes especiales de propiedad y la importancia que tiene el territorio como soporte fundamental de la existencia física, la pervivencia cultural y el desarrollo autónomo de estas comunidades.” (Ruiz-Serna, 2017: 92)

En contraste y abierta lucha contra estas nociones relacionales de tierra y territorio, los diferentes actores y grupos participes directa e indirectamente en la confrontación armada colombiana han construido al territorio como recurso estratégico y geopolítico y epicentro de su disputa. La apropiación de los territorios mediante mecanismos como el despojo o abandono por el desplazamiento o las masacres responde a estrategias de control de las rutas de circulación, las poblaciones y los recursos. Estos usos del territorio cimentan una larga historia colonial de despojo y desposesión, y la característica de Colombia como un país fragmentado en la que grupos paramilitares, guerrillas y ejércitos privados le disputan al Estado el control territorial (Serje, 2003).

La ocupación, colonización y el despojo de la tierra tienen antecedentes históricos, que datan del periodo de ocupación española, y ha tenido diversas características, formas de tenencia de la tierra y subordinación del campesinado de acuerdo a la región del país y el periodo histórico (Reyes, 2009). Los procesos de colonización que se configuran de manera particular a fines del siglo XIX, con el auge de la economía de exportación agrícola, motivaron la colonización de las “fronteras” internas del país. Los procesos de colonización no se limitaron a crear lazos, pero cada uno de ellos generó conflictos entre empresarios y campesinos por la tierra que fueron con frecuencia violentos. Fueron justamente estas tensiones, disputas y violencias las que el conflicto armado profundizó, valiéndose de prácticas ilícitas legitimadas por la cultura, por la economía y por la política (Le Grand, 2016; Reyes, 2009).

Los paisajes del despojo y las marcas en el territorio de la violencia

En la tierra y en el conjunto de los territorios quedan marcas visibles e invisibles, los vestigios de los impactos de la guerra y de las luchas por sobrevivir en medio de un conflicto armado. Si bien los impactos sobre el campo colombiano son innegables, no se trata únicamente de una tierra para cultivar, sino de una tierra en la que se desarrolla el día a día de las personas, de comunidades y de otros seres vivos, tanto en espacios rurales como urbanos. Por eso los actores en el conflicto armado buscaron intencionalmente atacar y apropiarse de territorios que les permitieran establecer un control social, además de regular y buscar someter a distintas poblaciones atacando su sustento.

En medio de estas luchas, sobre amplios territorios del país rural y urbano se ha librado un despojo sistemático por parte de todos los actores armados y un abandono de tierras que transforma la geografía y desplaza a personas. El despojo es un proceso continuo por medio del cual las personas, grupos sociales o familiares se ven privados material y simbólicamente, mediante la fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares o territorios sobre los que ejercían algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación, así como de sus derechos sociales, culturales y económicos (Grupo de Memoria Histórica, GMH, 2009c).[1] El despojo se produce cuando se priva a las personas de algo que tienen, que les acompaña o que enlaza su identidad, por lo general de manera forzosa (violencia directa contra la vida y diferentes formas de coacción como la amenaza, intimidación, robo, estafa), aunque también de formas imperceptibles que interrumpen la cotidianidad (cercas, caminos condenados, robo de agua).

El despojo lo han usado principalmente los grupos paramilitares y en menor medida las guerrillas. Para la ocupación de los territorios, los grupos paramilitares utilizaron estrategias como la de tierra arrasada y las guerrillas usaron los ataques a las propiedades y las extorsiones (CNMH, 2013). Las responsabilidades, sin embargo, se extienden a una red mucho más amplia, en la que algunos funcionarios públicos, notarios, empresarios y políticos locales generaron o aceptaron alianzas con los actores armados ilegales para buscar la protección violenta de sus bienes o beneficiarse.

La guerra es intencionada y responde a intereses y dinámicas económicas, militares, morales, políticas e institucionales.

TIERRA-TERRITORIO
Adolorida
Sometida
Colonizada
Estigmatizada
Arrasada
Despojada
Extraída
Sagrada
Madre
Por la que se lucha
Recuperada
Restituida
A la que se retorna
Sanada
Que resiste

La tierra en cifras

La tierra puede contar la guerra desde el despojo y pérdidas que sufre, así como dar cuenta de su magnitud, de los números de personas desplazadas, tierras usurpadas, pueblos arrasados, bienes abandonados, seres animales y naturales sumidos en la tristeza y el abandono, biodiversidad afectada, organizaciones destruidas y poblaciones confinadas. Según el Registro Único de Víctimas, a 1 de agosto de 2016, 7.757.157 personas en Colombia habían sido desplazadas forzadamente. El 82% de estas personas poseía algún bien en el momento del desplazamiento y más del 96% de ellas se vieron privadas de la posesión de este bien (Garay, 2011). El 87% de quienes fueron desplazados habitaban en zonas rurales del país y más de 800.000 de ellas eran personas indígenas, afrocolombianas y rrom. El 35% de estas personas eran menores de edad (CNMH, 2015e).

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado calcula que, entre 1980 y 2010, 6.638.195 hectáreas de tierra fueron despojadas, sin contar aquellas de propiedad colectiva. Esta cifra equivale al 15,4% del área agropecuaria nacional (Garay, 2011). Sin embargo, sobre la dimensión real del despojo aún hay controversia. Con corte a diciembre de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras, en su Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, tenía apenas 1.600.000 hectáreas, cifra que incluye territorios étnicos.

Como bien lo señaló el informe ¡Basta Ya! del CNMH (2013), la apropiación, uso y tenencia de la tierra son uno de los principales engranajes y dinámicas sobre los que se ha sostenido la guerra. Esta dinámica de apropiación de tierras constituye también un factor explicativo de la inequidad extrema que caracteriza a la sociedad colombiana, en particular el problema de la distribución injusta de la tierra, su concentración en las manos de “narcotraficantes y señores de la guerra”, y de las tensiones entre campesinos y ganaderos, más recientemente con corporaciones mineras y agroindustrias (Le Grand, van Isschot y Riaño, 2017; Reyes, 2009).

La irrupción del narcotráfico en los años sesenta y de las plantaciones de coca a mediados de los noventa se convirtieron en otras de las fuerzas y factores que agudizaron el conflicto armado y aceleraron el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y la distribución desigual de la tenencia de la tierra. Paralelo a este proceso de expansión de la economía del narcotráfico se da el de la compra masiva de terrenos rurales por parte de los narcotraficantes, con el fin de construir infraestructuras para la producción de coca, lavar capital ilícito y crear áreas de mayor seguridad para sus negocios (PNUD, 2011; Reyes, 2009). Ya en 1995, Alejandro Reyes (2009: 74) reportó la compra “significativa de predios rurales” por narcotraficantes en el 42% de los municipios del país.

La desigualdad e injusticia que sufren amplios sectores en Colombia y la continuidad histórica del despojo y desplazamiento constituyen uno de los factores centrales que mantiene la violencia y la profundad inequidad que caracteriza el país. La historia del despojo es una historia de robo de tierras, en parte, pero revela unas luchas mayores entre modelos de economía, formas de explotación, nociones de desarrollo y, aún más importante, formas de concebir proyectos de vida y el derecho a desarrollarlos de manera autónoma.

Lo que le pasa a la tierra en la guerra y lo que la tierra cuenta contribuye a explicar estos patrones históricos y las dinámicas de violencia que muestran la gradual convergencia entre la geografía de la guerra y el problema agrario (despojos violentos, concentración ociosa de la tierra, usos inadecuados, colonizaciones y titulaciones fallidas) (GMH, 2013). A los viejos problemas se suman otros nuevos, que muestran las dinámicas inauguradas por el narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre actores armados, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes. La irrupción de proyectos de minería y agroindustria, que se montan sobre una comprensión del territorio y la tierra como lugares de y para la extracción de recursos, ha traído otras lógicas y practicas abiertas o veladas para el despojo y la confluencia entre políticas de desarrollo, procesos de extracción y las violencias.

Tierras, pérdidas y daños

La tierra no es lo único que se pierde con el despojo. El despojo tampoco consiste simplemente en el robo de tierras (Vanegas y Caidedo, 2016). Comprendiendo que el territorio es un espacio vital y de relaciones sociales, el despojo de tierras (o, en el caso de los cascos urbanos, de viviendas o del uso de lugares comunitarios como la escuela, las canchas deportivas o salones comunales) es también una práctica de desestabilización de los mundos de vida y relaciones de las personas con su entorno, así como una práctica para coartar procesos políticos de autonomía sobre el territorio. Por eso el despojo no solo genera pérdidas individuales sino también colectivas.

Repertorios de violencia como el desplazamiento, los asesinatos selectivos, las masacres y las desapariciones han sido usados en Colombia como estrategias para el despojo de la tierra a las personas-comunidades, pero también como prácticas de violencia que pretende privarles de sus identidades y de sus derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana (Grupo de Memoria Histórica (GMH), 2010a).

Con el despojo no solo se pierde la tierra como bien material, también la pertenencia a un lugar y los lazos sociales; se erosionan las redes sociales, se deterioran los medios de subsistencia e ingresos de las familias, se fragmenta la unidad familiar, se acaban proyectos de vida, se configura un destierro, se genera un desplazamiento forzado y las víctimas bajan en la escala social y en calidad de vida. El despojo significa el desconocimiento de derechos de propiedad, así como del uso y disfrute de un bien (PNUD, 2011: 70)

La situación de despojo en la que se encuentran las personas cuando sus tierras han sido arrebatadas o cuando han sido desplazadas les torna en seres invisibles socialmente. Se trata de un tipo de muerte social que excluye a los individuos y comunidades del contrato social (Atuahene, 2007). Esta es una cadena de victimización que simultáneamente se activa por la cadena de la expropiación y apropiación: megacultivos, reparcelación, ventas masivas y daños medioambientales causados por el conflicto armado.

El despojo de la tierra tiene graves impactos sobre los mundos sociales y espirituales de las poblaciones, si se tiene en cuenta que tierra y territorio constituyen elementos centrales de la identidad de grupos sociales y étnicos, como los campesinos, los pescadores, los indígenas y las comunidades negras, e incluso de algunas comunidades urbanas. Entre las pérdidas no tangibles pero profundamente desestabilizadoras de estas formas racializadas del despojo se cuenta también la pérdida de la autonomía territorial (Ojeda, 2016). El articulo 45 del Decreto Ley 4633 de 2011 sintetiza estos impactos y también los ambientales (ex. fumigaciones aéreas, derramamiento de petróleo) y reconoce al territorio como victima, es decir, como sujeto de derechos:

 El territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía, de acuerdo con la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en virtud del lazo especial y colectivo que sostienen con el mismo, sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores vinculados y subyacentes.

El despojo y las acciones violentas en torno al control de la tierra y el territorio se ejercen también sobre los movimientos sociales. En Colombia, en particular, se ejerció sobre movimientos campesinos como la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), a quienes se les persigue y silencia su historia y particularmente la de sus avances durante los setenta y principios de los ochenta en la recuperación de tierras (GMH, 2010a). Esta asociación sufrió con rigor los embates de la guerra mediante el asesinato de sus líderes, el desplazamiento y las desapariciones. Las luchas por la tierra y el territorio de colectivos como el de la ANUC cuentan otro ángulo de las historias del despojo y los proyectos autonomos de reconstrucción y resistencia, como las de la Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que reclama el derecho a vivir en paz y un desarrollo socio económico digno en el Carare, Magdalena Medio, o las de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), que lideró la lucha por la titulación colectiva de las tierras para las comunidades negras del medio Atrato, o las de las Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (ANMUCIC), que lidera las luchas por el reconocimiento  del impacto del desplazamiento y el despojo en las mujeres, así como la lucha de numerosos consejos comunitarios y grupos indígenas.

 

Las luchas por la tierra, por consiguiente, tienen un doble sentido de restitución-retorno de la tierra y a la vez de dignificar la historia del movimiento, de la organización.

La defensa, protección y afirmación del territorio y la restitución de tierras y autonomía han sido el motor que le da sentido y moviliza las luchas de grupos de campesinos, indígenas, comunidades negras y pobladores a lo largo de la historia del conflicto armado. El repertorio de acciones y procesos que buscan restituir y afirmar el territorio y su vínculo estrecho con un sentido de colectividad es muy amplio: comunidades de paz, zonas humanitarias, marchas de la luz, las rutas pacíficas de las mujeres por la paz, abriendo trochas por la paz, los retornos colectivos y los plantones, recuperación de saberes y de prácticas tradicionales de pueblos afrodescendientes (Escobar, 2015), por solo nombrar algunos. La lucha por la tierra y la defensa del territorio y la reconfiguración y reimaginación de nuevos territorios constituyen el epicentro de las luchas campesinas, afro e indígenas, que tienen también eco en las luchas de las personas desplazadas y de los jóvenes por el derecho a la ciudad.

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    • 2018
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